Un juez costarricense se opuso -en dos ocasiones- a que la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales cerrará una investigación sobre el ingreso de $17 millones al Scotiabank Costa Rica, porque, supuestamente, provenían del pago de sobornos al expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

El juez penal Manuel Rivera Solano rechazó en primera instancia ese pedido de desestimación porque consideró que la Fiscalía no había realizado una correcta pesquisa y que el pedido de cerrar la investigación se basaba en “especulaciones”.

A pesar de la objeción del juez Rivera, la Fiscalía -primero representada por el fiscal Luis Carlos Castro y luego por el entonces fiscal adjunto, Osvaldo Henderson- insistió y el juzgador tuvo que aceptar desestimarla porque ante ese escenario lo obliga la ley.

En Costa Rica la investigación judicial inició en el 2013, luego de que la prensa peruana señaló que parte del dinero de los supuestos sobornos girados a Toledo había pasado por cuentas del Scotiabank en Costa Rica y de que ingresara al país información de la Fiscalía de Perú.

Las pistas de las autoridades brasileñas y peruanas indicaban que al menos $17 millones, provenientes de los supuestos sobornos, se enviaron a las cuentas abiertas en el Scotiabank Costa Rica, de tres firmas ligadas al expresidente Toledo y una de ellas presidida por la suegra de este, Eva Fernenbug, de 85 años.

Sobre las razones de esta desestimación UNIVERSIDAD intentó entrevistar al Fiscal General, Jorge Chavarría, pero solo accedió a responder a través de su oficina de prensa, mediante la cual indicó que él no conoció personalmente esta causa y que la revisión del pedido de desestimación la hizo el entonces fiscal adjunto, Osvaldo Henderson, quien era el superior del fiscal Luis Carlos Castro.

El trabajo de la Fiscalía durante la gestión de Jorge Chavarría ha sido cuestionado recientemente por diputados y magistrados como Fernando Cruz Castro y el ex vicepresidente de la Corte Suprema, José Manuel Arroyo, quienes le achacan falta de diligencia en el manejo de casos que involucran a actores políticos.
Chavarría fue llamado a comparecer al Congreso por la desestimación de la causa relacionada con los préstamos de $30 millones que el Banco de Costa Rica (BCR) otorgó al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

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