La corrupción es un delito, pero no es un delito sencillo de ubicar y castigar, como la mayoría de los delitos. Hoy en día mas que hablar de casos o actos de corrupción, de lo cual se podría ocupar el sistema penal, tenemos que hablar de una o varias estructuras de corrupción que existen en el país, bien definidas y operantes desde hace varias décadas.
Tenemos que hablar de estas estructuras de corrupción como sistemas de reglas o normas, paralelas a las legales o visibles. Son reglas secretas, ocultas, pero fuertemente imperativas para quienes pertenecen a una corporación, empresa, grupo o partido corrupto. Para lograr este tipo de organización es necesario la existencia de una vasta red de vínculos sociales y por lo tanto de personificación de esos vínculos: los «big chiefs» que dan las órdenes (autores intelectuales), los simpáticos que van a las fiestas y a las asambleas a endulzar gente, los cuadros intermedios o burocráticos, a los cuales se les asignan tareas específicas, especializadas y diferenciadas y que generalmente no estan al tanto del plan global. Es decir se trata de aparatos que operan como verdaderas mafias, pero con caras conocidas y dobles agendas.
Cuando la corrupción se vuelve sistémica, el sistema de partidos se transforma en primer lugar en un sistema de reclutamiento y socialización para lo ilícito. El partido organiza a sus hombres colocándolos en diversos cargos de responsabilidad en los organismos públicos, de los cuales se van a beneficiar.
La corrupción en Costa Rica, como fenómeno social, ya ha rebasado la posibilidad de su estudio y resolución desde el derecho penal y se ha vuelto algo mucho más difícil de predecir y detectar. No solo porque los medios con que cuenta el derecho penal son insuficientes, sino porque la corrupción ha invadido todo el cuerpo del Estado de Derecho, el cual aparece disminuido, debilitado, incapaz.
Aquellos funcionarios a quienes habíamos designado para la tarea específica de acusar, juzgar y luego condenar, ahora también forman parte de esa estructura delictiva. Muchos fiscales, jueces, magistrados, policías, ahora tambien son corruptos y se benefician del sistema corrupto. Nada nuevo, ya esto había ocurrido en el caso Parmenio, al cual no me puedo referir en profundidad, por razones de seguridad.
Por ello la principal característica de la corrupción, en su versión moderna es la impunidad: «desestimada la causa por falta de tipicidad»; «se ordena archivar el expediente por tratarse de materia civil, no penal»; «se declara inocente de los cargos por falta de pruebas», etc. La impunidad existe porque hay una red de relaciones profundamente entretejidas entre diversos actores de la sociedad política, de la sociedad civil y del estamento económico-empresarial. A esto hay que agregarle una cultura utilitaria burguesa que tiene una predisposición natural o intrínseca a la ausencia de normas morales o anomia, como diría Durkheim, padre de la sociología académica.
No hay duda: hay una «ingeniería social» que facilita la corrupcion; no es una creacion espontanea o repentina sino una acumulacion inteligible de esfuerzos mancomunados.
Ya esto que nos agobia, préstamo tras préstamo por $50 millones otorgados por el Estado a personas (compañías), que se sabe nunca van a pagar, ninguna de las cuales ha sido siquiera acusada penalmente, o la corrupcion detras de las exorbitantes y astronómicas pensiones auto recetadas por los propios funcionarios públicos, o la corrupción escondida en el cero pago de impuestos sobre la renta de parte de muchos empresarios, que durante el año manejan miles de millones de colones pero en diciembre declaran que no tuvieron utilidad y por ello no pagan nada en concepto de impuestos, son todos fenómenos muy graves de corrupción que ya no se pueden abordar sólo desde una perspectiva jurídico-penal o moral, ni siquiera psicológica (el sociópata delincuente de cuello blanco), sino que se debe analizar como una enfermedad social, económica y política, que escapa de las manos de la Corte Plena, del Fiscal General, de la Asamblea Legislativa y del Consejo de Gobierno. Esto es señores un verdadero cáncer que ha invadido cada rincón del cuerpo social.
Seguimos tratando de resolver esto desde los mecanismos usuales del sistema penal (nombrar un Fiscal General interino), y no nos damos cuenta que este sistema está igualmente enfermo. La impunidad garantizada es la otra cara de la moneda de la corrupción. El sistema penal no tiene una vida autónoma, no actua por sí mismo, sino que depende de la voluntad o de los impulsos, de lo particular y de lo contingente, de lo racional y de lo irracional, de seres humanos comprometidos ya no con valores sino con el funcionamiento paralelo del sistema utilitario-ilícito.
Pero por grave que esto suene, aquí el elemento a destacar no es tanto el moral o el jurídico, sino la marcha vertiginosa hacia la quiebra económica de la nación, paralizada por estos avatares institucionales, donde seguimos sin enfrentar el deterioro macroeconómico y sin encontrar el diálogo entre los diversos sectores involucrados.
En un próximo artículo me permitiré dar algunas sugerencias que me parece pueden contribuir a aliviar la situación, sin creer que tengo la solucion a todos los problemas, pero por lo menos no quedándome callado, ya que los indiferentes son tan peligrosos como los corruptos.